Conforme al informe anual de la Unión Europea sobre la madurez de los países miembros en materia de Datos Abiertos, España ocupa una exitosa segunda posición, tras Irlanda y por delante de naciones como Reino Unido, Francia y Alemania, donde existen políticas de apertura de datos muy extensivas.

No es la primera vez que España se sitúa en los puestos de cabeza en la carrera del uso de las tecnologías en el ámbito del Sector Público. Otros casos de éxito han estado situados durante años en el cuadrante de generadores de tendencia. Cabe destacar el de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria), con su servicio para la declaración de la renta por Internet, o el de la Seguridad Social, con la galardonada plataforma on-line del Sistema RED.

Todos ellos destacaron por su temprana implantación y por la continua evolución durante los primeros años. Aún hoy siguen siendo sistemas de información que incorporan notables ventajas para la ciudadanía, así como destacan entre los servicios electrónicos disponibles en las administraciones públicas de toda Europa.

El caso de los Datos Abiertos en España está siguiendo un camino similar. En el informe de 2018 se sitúan en la mencionada segunda posición, pero en años anteriores ha venido ocupando posiciones similares, llegando incluso en alguna ocasión a la primera posición.

Aporta 2018

Sin embargo, durante la reciente celebración del Encuentro Aporta 2018, he podido observar que más allá del éxito inmediato que implica este reconocimiento, sólo hace falta leer la letra pequeña para comprobar que “no es oro todo lo que reluce”. El mensaje crítico que se escuchó con frecuencia durante las mesas redondas del Encuentro tenía al menos cinco perspectivas:

  1. El consumo que se hace a través de apps y sistemas de reutilización de los datos puestos a disposición de la Ciudadanía es muy escaso, tal y como lo refrenda el informe antes mencionado, donde se indica que apenas el 1% de acceso a los datos se realiza a través de APIs, es decir mediante medios puramente electrónicos, sin consulta manual por parte de los usuarios.
  2. La publicación de datos en abierto se hace en un altísimo porcentaje en formato CSV, el formato menos “reutilizable”. Si bien, está demostrado que la ciudadanía tiene especial interés en conocer la información que se está publicando.
  3. Los sistemas de BackOffice “no se piensan” en términos de reutilización de los datos, en tanto en cuanto, la mayor parte de los Datos Abiertos que se publican proceden de fuentes que han de ser procesadas previamente para su posterior publicación.
  4. La generación de puestos de trabajo asociados a la “economía del dato” en las Administraciones Públicas está aún muy por debajo del reconocimiento que tiene España en la Unión Europea como pionero y promotor de tendencia en este ámbito.
  5. El emprendimiento relacionado con la Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) es inversamente proporcional a la producción de Datos Abiertos, y esto a pesar de que el valor del dato está claramente identificado como creciente y estratégico, en un momento en el que “vivimos rodeados de datos”.

Durante mi estancia en Nueva York el pasado mes de octubre, con motivo de la celebración del NY Summit, evento de liderazgo y emprendimiento propiciado por la Fundación ICL (Inspiring Committed Leaders Foundation), pude comprobar que start-ups y emprendedores españoles apuestan por la economía del dato y se centran en la generación de activos relacionados con dicho ecosistema, lo que me sirve de refrendo en la idea de que el negocio derivado de políticas de reutilización de la información está pendiente de explotar en España.

NY Summit

Puedo por tanto concluir que, como dijo Miguel López Alegría en el NY Summit, estar en los primeros puestos del informe de madurez de Datos Abiertos en Europa “es un gran paso” para España, pero no podemos dejar que ese éxito esconda la verdadera necesidad de inversión pública y privada en entre otros, la dotación y capacitación de empleados públicos en ciencia del dato, el emprendimiento en la reutilización de la información publicada por las Administraciones Públicas, así como en la generación de verdadero valor en dicha información, publicando formatos realmente machine-readable, etc.