Durante décadas, la contratación IT pública ha medido el valor por personas y horas. Un modelo que asumía que producir software era, casi en exclusiva, una cuestión de coste salarial. Hoy esa premisa ha quedado obsoleta.

La IA Generativa permite producir más, mejor y en menos tiempo sin incrementar el tamaño de los equipos. El valor ya no reside en el volumen de recursos desplegados, sino en la capacidad real, los activos de software y los resultados entregados.

La paradoja de la contratación pública

Aquí surge un problema crítico: una oferta impulsada por IA puede ser extraordinariamente competitiva y, aun así, ser descartada por no alcanzar la cuota mínima de horas del pliego. Lo que el sistema identifica como baja temeraria puede ser, en realidad, eficiencia real y demostrable.

Los marcos de evaluación basados en esfuerzo penalizan la innovación. La Administración necesita adaptarse a un entorno donde la capacidad de un equipo ya no depende de su tamaño, sino de su talento experto y de la adopción inteligente de la IA.

Transparencia algorítmica: una obligación legal

Adoptar IA en el sector público no es solo una cuestión de eficiencia. Es una cuestión de legalidad y garantías ciudadanas. La Ley 39/2015 obliga a la Administración a motivar sus decisiones. Cuando esas decisiones son adoptadas por algoritmos opacos, se genera indefensión ciudadana.

El caso del software BOSCO lo ilustra con claridad: el Tribunal Supremo, en su Sentencia 7878/2024, determinó que cuando un algoritmo genera derechos, el ciudadano puede inspeccionar su código. La IA pública no tiene secretos.

El Reglamento UE 2024/1689 va en la misma línea: las herramientas de IA que asisten procesos de contratación pública son Sistemas de Alto Riesgo, con obligaciones concretas de transparencia, trazabilidad, supervisión humana y auditoría previa.

El nuevo paradigma de los pliegos IT

Los pliegos deben evolucionar. El modelo tradicional —horas, supervisión mecánica, auditoría opaca— da paso a un modelo orientado a activos, resultados y transparencia algorítmica.

Esto implica incorporar nuevos requisitos: gestión de riesgos durante todo el ciclo de vida, datos representativos y libres de sesgos, documentación exhaustiva de decisiones algorítmicas y supervisión humana con capacidad real de intervención. Ciudades como Ámsterdam y Helsinki, o iniciativas como Etalab en Francia, ya han articulado registros públicos de algoritmos que marcan el camino a seguir.

IA responsable: velocidad con rigor legal

Existe un enfoque que no consiste en ofrecer más recursos humanos, sino en construir modelos de ejecución más eficientes y auditables, manteniendo el cumplimiento legal en todo momento. Es precisamente la dirección que desde Axpe Consulting se ha tomado para acompañar a las Administraciones Públicas en esta transición.

Tres palancas lo hacen posible: equipos en diamante formados por expertos que validan y supervisan a los agentes de IA; industrialización con SLMs y arquitecturas explicables by design que garantizan la trazabilidad de cada decisión; y un alineamiento total con el Reglamento UE 2024/1689 y el Derecho Administrativo español.

El nuevo contrato entre tecnología y Administración

El viejo mundo compraba horas, evaluaba volumen y asumía la opacidad. El nuevo mundo contrata capacidad, mide resultados y exige transparencia.

La IA permite una eficiencia sin precedentes, pero solo genera valor público real si va acompañada de garantías sólidas de explicabilidad y control humano. El futuro de la contratación IT pública no se mide en horas. Se mide en impacto.